Presunta omisión de principios de transparencia y selección objetiva en contratación estatal genera pliego de cargos contra dos funcionarios y dos contratistas
La Procuraduría General de la Nación ha emitido un pliego de cargos contra funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Soacha, en Cundinamarca, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para la prestación del servicio de alimentación escolar (PAE) en instituciones educativas del municipio.
Según lo expuesto en el expediente de la Procuraduría, la secretaria del despacho, Gloria Álvarez Tovar, y el profesional universitario Óscar Javier Rodríguez Díaz, habrían exigido requisitos innecesarios, injustos y desproporcionados a los proponentes durante el proceso de licitación. Asimismo, se incluyó a los contratistas Jeisson Fabián Lamprea Vargas y Max Ney Moscote Arteaga en el expediente.
La Procuraduría ha planteado que Álvarez Tovar podría haber incurrido en una falta disciplinaria al presuntamente omitir los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal al estructurar los estudios previos y realizar la posterior adjudicación. Además, se le formularon cargos por posiblemente inhabilitar a un proponente, sin permitirle subsanar una falencia relacionada con la experiencia previa requerida.
En cuanto a Rodríguez Díaz, la Procuraduría indica que, en la etapa precontractual, suscribió los estudios previos y los escritos en respuesta a las observaciones de los prepliegos y pliegos definitivos de los proponentes.
Respecto a los contratistas, el Ministerio Público sostiene que ambos fungieron como miembros del comité evaluador de la licitación del PAE y participaron en la elaboración del informe de verificación jurídica final, en el cual se excluyó a uno de los interesados en el proceso sin permitirle corregir un aparente error.
La entidad ha destacado que los cuatro implicados pudieron haber pasado por alto el cumplimiento de instrucciones y el seguimiento de directrices impartidas por la entidad. Por lo tanto, de manera provisional, califica las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.
Este proceso disciplinario evidencia la importancia de garantizar la transparencia y la selección objetiva en los procesos de contratación estatal, especialmente en aquellos relacionados con servicios esenciales como el PAE. La Procuraduría continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los implicados y tomar las medidas disciplinarias pertinentes.