La comunidad de Soacha se encuentra en vilo ante la incertidumbre que rodea el avance de la sanción impuesta a la empresa Catastro y al municipio por la cuestionada actualización catastral. Sin embargo, las dudas persisten: ¿Realmente se está haciendo justicia? La Procuraduría General de la Nación ha emitido cargos contra Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, pero ¿será suficiente?

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá ha señalado que Saldarriaga Gaviria está siendo acusado por presuntamente haber constituido una sociedad de economía mixta para el servicio público catastral, a pesar de que la normativa establece claramente la necesidad de una entidad estatal para llevar a cabo dicha tarea. Parece ser que las reglas pueden ser ignoradas a conveniencia.

Resulta llamativo que el alcalde presentara el proyecto ante el concejo municipal, quienes lo aprobaron sin cuestionamientos, permitiendo así la creación de la sociedad Catastro Avanza S.A.S S.E.M. ¿Dónde estaba la supervisión y el sentido de responsabilidad de las autoridades competentes? Es evidente que la negligencia y la falta de transparencia prevalecen en la gestión pública de Soacha.

La omisión de cumplir con el Decreto Nacional 1983 de 2019, diseñado específicamente para regular a los entes territoriales en cuanto a la gestión catastral, es un claro ejemplo de la falta de compromiso del alcalde Saldarriaga. ¿Cómo es posible que utilice una norma inadecuada para justificar acciones que van en contra de los intereses de la comunidad? Parece que los gobernantes se sienten con el poder de interpretar la ley a su antojo.

Pero los cargos no se limitan al alcalde. Camilo Andrés Cepeda Carrero, director financiero de la Dirección de Impuestos de la Hacienda de la Alcaldía Municipal, también enfrenta acusaciones por no haber realizado las gestiones necesarias para liquidar correctamente el impuesto predial de 2021 en Soacha. Una vez más, la ineficiencia y la falta de cumplimiento de deberes básicos en el servicio público se ponen de manifiesto.

Es inadmisible que la presunta actuación negligente de estos funcionarios se haya traducido en una violación del principio de economía, afectando así a los ciudadanos de Soacha. El Ministerio Público ha calificado provisionalmente estos casos como faltas graves, pero ¿será esto suficiente para garantizar una sanción justa y ejemplar?

La comunidad de Soacha exige respuestas concretas y acciones contundentes. La sanción a Catastro y al municipio debe ser un punto de inflexión en la gestión pública local, que asegure la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normativas establecidas. La justicia no puede ser un juego de trámites burocráticos interminables, sino una respuesta pronta y efectiva para aquellos que han sido afectados por las acciones irresponsables de sus gobernantes.