En un intento por prevenir incidentes y garantizar la seguridad pública, se han implementado medidas estrictas para ciertas razas de perros consideradas potencialmente peligrosas en Soacha. Sin embargo, esta regulación ha generado un debate sobre si estas normativas son proporcionales o representan un exceso de control por parte del Estado.

La Ley 1801 del 2016 establece la obligación de que algunas razas de perros lleven bozal cuando están en la calle. Entre las razas incluidas se encuentran el American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés. Además, se impone el uso de correa, especialmente en lugares públicos y zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales.

La regulación también se extiende a aquellos perros que han mostrado episodios agresivos contra personas, han causado la muerte de otros perros o han sido entrenados para el ataque o la defensa, independientemente de su raza.

Sin embargo, estas medidas han generado críticas por parte de algunos dueños de mascotas y defensores de los derechos de los animales. Se argumenta que esta normativa es demasiado restrictiva y que no tiene en cuenta el comportamiento individual de los perros. Además, la imposición de multas económicas de mínimo 5 o hasta 10 salarios mínimos legales vigentes por incumplimiento de la normativa es vista por algunos como una medida excesivamente punitiva.

En caso de que las autoridades constaten infracciones, la mascota puede ser incautada, y el propietario enfrenta multas económicas. Si el dueño no cumple con las regulaciones en un plazo de 10 días y no abona la deuda correspondiente, el perro podría ser considerado abandonado y sometido a un proceso de eutanasia según la ley vigente.

Es esencial que esta regulación sea objeto de un debate público informado y se busquen soluciones que equilibren la seguridad pública con el bienestar de los animales y los derechos de sus dueños. La protección de la comunidad es importante, pero también lo es garantizar que las normativas sean justas y razonables para todos los involucrados.